Los espacios colaborativos o de coworking han surgido como una alternativa a los lugares de trabajo tradicionales. Impulsados por la pandemia de COVID-19 y en paralelo al auge del teletrabajo, están ganando cada vez más presencia en las ciudades y, también, en las zonas rurales, donde son prometedores para la participación comunitaria y el desarrollo local, pero también se enfrentan a desafíos como la financiación y la viabilidad a largo plazo.
"En un entorno urbano, los espacios colaborativos suelen tener mucha rotación; cada día hay nuevos usuarios con distintos perfiles. Eso puede generar oportunidades, pero hace que el espacio sea más impersonal y que sea difícil construir relaciones duraderas", explica Jorge Arturo Villarreal-Valtierra, autor principal de la investigación y estudiante de doctorado de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con el programa interuniversitario de Administración y Dirección de Empresas.
“La clave sería conectar más con la comunidad y disponer de gestores capaces de adaptarse a las necesidades de la propia comunidad”
En los espacios rurales, la dinámica es más cercana, ya que los usuarios suelen ser los mismos, se conocen entre sí y eso facilita organizar actividades, colaborar y ajustar el espacio a necesidades locales, según Villarreal-Valtierra.
Para analizar cómo el coworking rural se adapta a los modelos de financiación, cuáles son sus estrategias de sostenibilidad y de qué forma se integra en la comunidad, el investigador ha elegido dos contextos regionales muy diferentes: Cataluña y Renania-Palatinado, un estado federado alemán.
"Al analizar ambos territorios, encontré un contraste muy interesante: en Cataluña predominan los espacios privados con estrategias híbridas, mientras que en Renania-Palatinado muchos espacios son públicos y dependen de subvenciones. Dos modelos muy distintos, aun cuando las dos regiones tienen acceso a subvenciones comunitarias por medio del programa LEADER", señala el autor, cuya tesis dirigen Julie Wilson, una de las coordinadoras del grupo de investigación de Nuevas Perspectivas de Turismo y Ocio (NOUTUR), y Carles Méndez, del grupo de investigación interdisciplinar sobre las TIC - Laboratorio de Inteligencia Artificial (i2TIC-IA Lab). Ambos son profesores de los Estudios de Economía y Empresa y coautores del estudio.
Financiación mixta y dinamizador rural
Para el análisis, el equipo investigador utilizó cuestionarios dirigidos a gerentes de estos espacios, y también realizó entrevistas con representantes de asociaciones de coworking en España y Alemania. En total, se incluyeron diez casos: cinco en Cataluña y cinco en Renania-Palatinado.
"Aunque podría parecer que disponer de una gran subvención inicial sería la solución ideal, la investigación muestra que no existe un único modelo ganador", destaca Villarreal-Valtierra. "Lo que mejor funciona es un modelo diversificado, que combine algo de financiación pública, inversión privada y aportaciones de los usuarios o actividades propias", insiste. El investigador pone un ejemplo: un espacio alemán que se inició con una pequeña subvención y que subsiste en la actualidad gracias al apoyo de patrocinadores locales y asociaciones.
En cuanto a la integración con la comunidad, en Cataluña el coworking se enmarca como activo compartido y cultivado a través de eventos y asociaciones culturales del pueblo. En cambio, en Alemania la integración es más parcial e indirecta, con una menor colaboración con el vecindario. "Lo que más me sorprendió fue la enorme diferencia cultural. En Cataluña, muchos de estos espacios privados funcionan como pequeñas comunidades: se comparten recursos y surgen amistades e, incluso, proyectos empresariales", resume Villarreal-Valtierra.
Espacios más sociales y colaborativos en Cataluña
Respecto a las estrategias de sostenibilidad a largo plazo, la investigación —adscrita al centro UOC-DIGIT— demuestra que en ambas regiones están muy ligadas a las fuentes de financiación. Mientras que en Alemania la viabilidad es más dependiente del apoyo municipal, en Cataluña se muestran más resilientes, al recurrir a fórmulas como las cooperativas para acceder a nuevos tipos de financiación.
"En Renania-Palatinado existe cierta desconfianza sobre su futuro. Algunas asociaciones creen que muchos espacios no serán sostenibles y que, en pocos años, la solución pasará por espacios automatizados sin personal. Esta visión contrasta fuertemente con la situación en Cataluña, donde el espacio colaborativo es más relacional y social", compara Villarreal-Valtierra.
De hecho, en Cataluña, pasada la pandemia, la mayoría de espacios siguen activos gracias a su conexión territorial y a la diversificación de actividades, como eventos, coliving o alianzas con asociaciones, enumera el autor. Sin embargo, en Renania-Palatinado muchos espacios nacieron entonces con ayuda pública y ahora deben sostenerse solos. "La clave sería conectar más con la comunidad y contar con gestores capaces de adaptarse a las necesidades de esta", plantea.
El siguiente paso será analizar cuántos de estos espacios colaborativos siguen activos y qué estrategias han funcionado realmente a largo plazo. "También queremos incorporar la visión de los responsables políticos, que hasta ahora no ha sido analizada directamente", añade el autor.
Por ejemplo, en Renania-Palatinado se encontraron con casos en los que los nuevos gobiernos municipales se posicionaron en contra de mantener los espacios colaborativos porque no generaban beneficios económicos directos, y los percibían como un gasto innecesario. "Entender estas posturas es clave para poder proponer políticas públicas más realistas y sostenibles, posiblemente incluso una línea de financiación específica para espacios colaborativos rurales que tenga en cuenta su valor social y comunitario, más allá del beneficio económico inmediato", concluye.
Esta investigación se enmarca en la misión de investigación de la UOC Transición digital y sostenibilidad y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 8, de trabajo decente y crecimiento económico; 9, de industria, innovación e infraestructura; 10, de reducción de las desigualdades; y 11, de ciudades y comunidades sostenibles.
