Legislación y fiscalidad comentarios
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Agustín Rodríguez, CEO de la empresa de soluciones tecnológicas para ciclo de crédito pfs, analiza la Ley de Morosidad y cómo las pymes pueden hacer frente a los impagos.

Las pymes y autónomos que se dedican a servicios o suministros como proveedores de otras compañías, son los más perjudicados en una cadena de retrasos en los pagos o impagos, porque suelen trabajar para una empresa más grande, y cuando emiten una factura, no tienen más remedio que esperar que se abone, y muchas veces, cubrir los retrasos.

En la actualidad existe un difícil equilibrio entre hacer valer tu derecho como vendedor o prestador de servicios y la necesidad de mantener una buena relación (¿tóxica?) con los clientes recurrentes, a los que les queremos vender de nuevo o con los que incluso buscamos crecer en ventas. La Ley de Morosidad dictamina que el plazo máximo para validar una factura es de 30 días (pasado ese plazo no deben existir rechazos ni reclamaciones) y que el pago se realice como máximo en 60 días desde la entrega, finalización del servicio o momento de facturación. Su objetivo es combatir la morosidad y prevenir los posibles abusos en la fijación de los plazos de pago.

Sin embargo, a efectos prácticos, la ley no funciona, porque existe un conflicto entre ejercer el derecho a ser pagado a tiempo, y, al mismo tiempo, no perjudicar la relación con el cliente por temor a represalias o miedo a que deje de contratar mis servicios.

Idealmente, debería existir un mecanismo intermedio con la visión de todo el ciclo, desde la fecha de generación de factura, envío, recepción y la validación de 30 días, así como el pago efectivo a los 60. Algo así como un tercero “de confianza” que se encargue de esta vigilancia de cumplimiento del circuito, aplicando asépticamente las penalizaciones correspondientes, incluso con capacidad de publicarlas y de afectar a cuestiones financieras o de relación con las administraciones públicas.

La actual legislación permite, pero no obliga, a que se apliquen intereses moratorios, e indemnizaciones por los retratos. Las empresas claramente necesitan que una ley lo exija, que sea obligatorio para las dos partes abonar estos importes en caso de retraso. Que si el comprador paga tarde la factura, se transfieran los intereses e indemnizaciones al vendedor automáticamente.

Esto ya pasa allí donde la hacienda recaudadora está interesada por ser más “jugoso” cada caso y más fácil de perseguir: si vendes un inmueble por menos de lo que vale, Hacienda te pedirá tributar por su valor. En caso de impago, debería producirse algo parecido: si tu cliente no paga a tiempo, pagará la penalización y los intereses, a ti o a un tercero recaudador. Esto motivaría a reclamar más y a normalizar esa actuación, provocando inmediatamente que los pagadores estuvieran muy pendientes de ello. Reduciendo los retrasos y en su caso, pagando por ellos.

Los impagos  y los retrasos en los pagos generan un efecto dominó en la economía, del más grande al más pequeño. Una compañía que tiene poca liquidez suele dilatar los pagos, pero no todas las empresas pueden subsistir a los retrasos. Más aún en tiempos de inflación, cuando los precios están por las nubes.

Para aquellas empresas que deben invertir en producto o proveer el servicio antes de enviar la factura, un retraso en un pago es grave. Si sucede de forma recurrente, puede afectar a la supervivencia de una pyme que tiene menos capacidad financiera, algo que pudimos ver con frecuencia durante la pasada crisis de 2008.

El 2023 no pinta nada fácil. A finales de 2022, el 60% de las compañías españolas ya estaban sufriendo impagos, según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, presentado recientemente.

Mientras la ley no sea tan firme como debería, hay varios mecanismos que nos permiten organizarnos internamente. En primer lugar, es importante anticiparnos. Debemos conocer muy bien al cliente y estudiar su comportamiento de pago, algo que podemos indagar a través de las bases de datos públicas. Una vez se dispone de esta información, hay que ser la opción con la forma de pago más fácil, mediante plataformas digitales y un work flow automatizado.

Si un cliente pide trabajar a crédito, se deben tener preparadas las contingencias, y lo más interesante es pedir una parte por adelantado. Contar con sistemas y funcionalidades preparadas para hacer las facturas inmediatamente al hacer un trabajo, y que el cobro no se realice siempre por transferencia, sino a plazos, en adeudo inmediato, a cuenta o mediante nuevos mecanismos como bizum, será de gran ayuda para ser más ágil.

Además,  para negocios B2C (negocio a consumidor), hay que tener en cuenta que los particulares están viviendo momentos cada vez más difíciles, con la compra diaria un 15% más cara en un año y la cuota de la  hipoteca y los préstamos cada vez más altos. Cuando tienen muchos pagos para hacer frente y no necesariamente más liquidez, empieza a aparecer ese momento en el que tienen que priorizar un pago sobre otro.

Por ejemplo, para el caso de colegios, gimnasios, distribuidores de servicios y en general empresas que tienen miles de clientes, es bastante interesante usar medios digitales para anticiparse a la fecha de pago, avisar de un impago de una forma amistosa  (por ejemplo, el envío de un sms), y sobre todo, no provocar la pérdida del cliente con estas gestiones que, a veces pueden resultar incómodas o desagradables.

 

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