El decálogo busca que España aproveche la nueva etapa de la transformación digital, marcada por la aplicación de tecnologías de frontera, para mejorar la productividad y la competitividad de su economía. «España reúne ciencia, empresas, infraestructuras y talento para ocupar un lugar destacado en la economía digital. Aprovechar esas capacidades requiere estabilidad y una colaboración sostenida entre el sector público y el privado», afirma José María Beneyto, presidente de la AEC.
Entre las propuestas del sector también figura el refuerzo de los vínculos entre universidades, centros de investigación y empresas, mediante el impulso de la financiación de aplicaciones comerciales y la transferencia de conocimiento. Asimismo, la asociación plantea desarrollar instrumentos de coinversión y facilitar el acceso a capital privado a las compañías tecnológicas que necesitan alcanzar una mayor escala industrial, con el objetivo de favorecer su crecimiento en España y mantener su actividad, conocimiento y empleo.
Personas e inteligencia artificial
El sector de la consultoría considera prioritario potenciar el talento tecnológico a través de la formación profesional dual, la actualización universitaria, las microcredenciales y el aprendizaje durante toda la vida laboral. Estos programas deberían diseñarse junto a las empresas y prestar especial atención tanto a los jóvenes como a los trabajadores cuyas tareas presentan una mayor exposición a la automatización, mediante itinerarios de recualificación accesibles.
En materia de inteligencia artificial (IA), el decálogo propone situar su adopción entre las prioridades de la política económica e industrial. Para ello, plantea desarrollar programas sectoriales que ayuden a las empresas a pasar de las pruebas piloto a la aplicación efectiva de esta tecnología en sus procesos, con un apoyo adaptado a su capacidad de inversión y grado de digitalización.
La AEC también considera necesario evaluar estos programas atendiendo a sus resultados en productividad, ventas y calidad del servicio, teniendo en cuenta los costes de implantación y mantenimiento. Además, propone financiar pruebas en condiciones reales de sistemas de IA física, integrados en robots, máquinas y otros sistemas, para facilitar su incorporación a la industria.
La asociación recomienda igualmente establecer un diálogo permanente entre empresas y Administraciones para anticipar los efectos de la IA sobre el empleo, la organización del trabajo y los servicios a los ciudadanos. La transparencia, la protección de los derechos, la seguridad y la supervisión humana deberían formar parte de los programas de apoyo, en función de los riesgos de cada aplicación.
Administraciones, seguridad jurídica y ciberseguridad
Otra de las prioridades del decálogo es la reforma de la contratación pública para adaptarla a las características de los servicios tecnológicos. La AEC defiende que los presupuestos se ajusten a los costes reales y que los criterios de adjudicación prioricen la calidad, la innovación y el valor aportado.
En este ámbito, también señala la importancia de aplicar modelos orientados a resultados, consultas abiertas al mercado, pago por uso y compra pública de innovación. Para evaluar las inversiones digitales de las Administraciones, propone utilizar indicadores como los tiempos de espera, las cargas administrativas y la calidad de la atención a ciudadanos y empresas.
En el ámbito regulatorio, el documento reclama una aplicación proporcionada de las normas, acompañada de guías compartidas, revisión de duplicidades y entornos de prueba supervisados. La protección de datos, la trazabilidad, la seguridad y la supervisión humana deberían incorporarse desde el diseño, de manera que las empresas conozcan sus obligaciones y los usuarios dispongan de información comprensible y mecanismos para solicitar la revisión de las decisiones que les afecten.
Las diez prioridades incluyen también una planificación plurianual de la inversión digital pública que permita dar continuidad a los proyectos una vez concluidos los fondos Next Generation EU. Esta planificación debería traducirse en mejoras concretas de los servicios, datos interoperables y una mayor capacidad para atraer talento tecnológico a las Administraciones.
En materia de ciberseguridad, la AEC solicita mejorar la preparación de empresas y Administraciones para prevenir incidentes, responder ante ellos y recuperar su actividad, extendiendo la protección también a las pymes y las cadenas de suministro. Entre las herramientas propuestas figuran los planes de continuidad, los ejercicios periódicos, la formación de profesionales especializados y el intercambio de alertas entre el sector público y el privado.
Infraestructuras y capacidades estratégicas
El decálogo plantea planificar conjuntamente la conectividad, la capacidad de cálculo, los centros de datos y el suministro eléctrico, con un calendario vinculado a las necesidades industriales y científicas. También propone facilitar a empresas e investigadores el acceso a computación avanzada y a entornos de experimentación con costes asumibles y condiciones de seguridad.
A esta línea se suma la necesidad de mantener una inversión sostenida en tecnologías de frontera, como la computación cuántica, y en grandes instalaciones científicas.
Las consultoras consideran igualmente necesario establecer prioridades industriales y científicas a largo plazo, mediante acuerdos que aporten estabilidad a la inversión y permitan a España especializarse en aquellos ámbitos donde pueda alcanzar una posición de liderazgo. Sectores como la defensa, el espacio, los materiales avanzados y las tecnologías duales requieren, según la asociación, una mayor colaboración entre grandes empresas, pymes y centros de investigación, así como apoyo para formar consorcios y preparar propuestas en proyectos europeos.
El documento subraya que la autonomía estratégica depende de la capacidad para desarrollar, producir y mantener tecnologías esenciales, así como de contar con empresas capaces de exportar productos y servicios de alto valor añadido.
Una voz propia de España en Europa
Por último, la AEC defiende que la Unión Europea debe avanzar hacia una mayor soberanía digital y reducir su dependencia del exterior. En este contexto, considera que España puede contribuir a impulsar un mercado más integrado, con requisitos que faciliten a las empresas desarrollar y comercializar sus soluciones en distintos países.
La asociación plantea definir las prioridades españolas en los programas tecnológicos europeos mediante un diálogo estable entre Administraciones, empresas y centros de investigación. También propone impulsar la participación en proyectos compartidos de inteligencia artificial, computación cuántica e infraestructuras digitales.
La AEC integra a 27 de las empresas más relevantes de consultoría y tecnologías de la información en España, que representan en torno al 70% del sector. La consultoría actúa como catalizador de innovación en múltiples industrias, favoreciendo la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio más eficientes.
En 2025, el sector representó el 1,4% del PIB español y reunió a más de 298.000 profesionales, con unos ingresos de 23.635 millones de euros, consolidándose como uno de los principales motores de transformación del tejido productivo.




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