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Más de 10.000 empresas españolas no cuentan con canal de denuncias interno, y son epecialmente las PYMES,  las que no cumplen aún con la nueva Ley de protección al informante sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que obliga a empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias anónimo y abierto a terceros. Ante este escenario, nace Report@, compañía española que ofrece un servicio de gestión integral de los canales de denuncia.



Al frente del proyecto se encuentra Manuel Quintanar, Ex Director de Integridad de LaLiga y Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad Complutense, que declara que "con esta iniciativa, facilitamos un servicio necesario a aquellas empresas que no cuenten con recursos para asumir el nuevo sistema de forma interna y segura, ayudándoles en el proceso de adaptación de la nueva normativa a través de un canal sencillo, completo y eficaz, desarrollado gracias a tecnología de última generación".

Servicio integral adaptado a las necesidades de las empresas

 
La propuesta de valor de Reporta@ pasa por un servicio completo de gestión del canal de denuncias, creando el canal, implementando una plataforma tecnológica que sirva de soporte a este, recibiendo denuncias, realizando las investigaciones pertinentes a nivel legal y emitiendo un informe final elaborado por reputados especialistas en la materia.

Además, se asegura el cumplimento estricto de los requisitos legales en materia de protección de datos gracias a la tecnología empleada, custodiando toda la información de las denuncias recibidas en servidores de partners tecnológicos alojados en la UE.

Asimismo, la compañía ofrece apoyo tanto al informante como a la empresa, acompañándolos en materia legal y desarrollando una investigación profesional de los hechos; todo ello en sintonía con el cumplimento de los más altos estándares globales en materia de canales de denuncia e investigaciones internas establecidos por normas ISO.

"La externalización del canal de denuncias está autorizada por la Ley española y recomendada por las organizaciones internacionales más relevantes en materia de compliance. Esto favorece la confianza del informante y ayuda a evitar vías alternativas que corrompan el proceso judicial o de investigación", añade Quintanar.

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